El regidor ha explicado que el caso se abrió a consecuencia de una denuncia de la Policía Local como un modo de «presión»
La Fiscalía de Granada ha mantenido este lunes su petición de nueve años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Dúrcal José Manuel Pazo (PP) por posible prevaricación al no tramitar las denuncias presentadas por la Policía Local y no incoar los correspondientes expedientes sancionadores propuestos contra establecimientos hosteleros o casetas de la localidad.
En el juicio, que se ha celebrado en la Sección Segunda en la Audiencia de Granada, el regidor ha explicado que el caso se abrió a consecuencia de una denuncia de la Policía Local como un modo de «presión» porque había tomado la decisión de retirar a los agentes el plus de productividad antes de que él se convirtiera en alcalde en 2011. De hecho, ha indicado que antes de aquello la relación era «normal» con la Policía Local y que después se «enrareció».
Según ha indicado ante el tribunal, él tenía las competencias delegadas en materia de licencias y no conoció los expedientes a los que se refería la Policía Local. «Yo no conocía el estado administrativo concreto ni de esos procedimientos, ni de otros», ha dicho el regidor, quien ha negado que le una cualquier tipo de relación con los establecimientos expedientados.
Ha reconocido que agilizó el procedimiento en cuanto supo de la denuncia de la Fiscalía por este asunto, pero ha negado que tuviera conocimiento de la situación antes de eso. Asimismo, ha añadido que hoy en día estos establecimientos han sido sancionados e incluso cerrados.
Los denunciantes, los policías locales en Dúrcal, han explicado sin embargo que pidieron explicaciones por escrito al alcalde, como máximo responsable de la Policía Local, sobre el estado de los expedientes, ya que tenían quejas de los vecinos, pero nunca recibieron contestación. Han dicho desconocer si el alcalde mantenía o no una relación con esos establecimientos y han indicado que no saben tampoco las razones de la paralización de los expedientes.
Tras la declaración de los testigos, el fiscal ha ratificado sus conclusiones provisionales y aunque ha admitido que las pruebas testificales no han «aportado» nada, sí que ha dicho que lo importante en este caso son las pruebas documentales que evidencian la paralización de esos expedientes.
La defensa del alcalde ha argumentado por su parte que «nada ha arrojado la prueba testifical porque nada hay», y ha incidido en que la tramitación de estos procesos no eran de su competencia. «Si hubiera hecho algo con ellos, habría prevaricado», ha sostenido.
Tras las conclusiones definitivas de Fiscalía y defensa, que ha reclamado la libre absolución de Pazo, el juicio ha quedado visto para sentencia.
Acusación de la Fiscalía
Pazo, que se hizo conocido por protagonizar un anuncio de la campaña navideña de Coca-Cola de hace cinco años por sus medidas sociales, está acusado por la Fiscalía de la posible comisión de un delito continuado de prevaricación, por el que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para el cargo de alcalde, concejal o similar.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, desde diciembre de 2012 el alcalde omitió «de manera arbitraria, caprichosa e injustificada» su deber de tramitar las denuncias presentadas por la Policía Loca, «dejando de incoar los correspondientes expedientes sancionadores».
Todo, pese a ser conocedor de esa «obligación», que fue puesta en su conocimiento «de forma reiterada» e «insistentes «por notificaciones de la Policía Local.
Así, el fiscal alude a los casos de un café bar, un pub y dos casetas, a lo que se suman la «omisión» las denuncias de la Policía también con respecto a la venta en puestos ambulantes en el municipio.
Noticia original en Ahora Granada.